SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Empleo ha concedido en los últimos dos años más de 1,8 millones de euros en ayudas a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, lo que ha contribuido a la creación de al menos 100 puestos de trabajo para este colectivo, según destacó hoy el consejero de Empleo, Manuel Recio, en una comparecencia parlamentaria sobre el nuevo decreto andaluz, aprobado el pasado 20 de abril, que regula la calificación y el registro de las empresas de inserción, sociedades que unen a su finalidad económica el objetivo de "favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social".
Esta norma supone el desarrollo en Andalucía de la legislación marco estatal sobre la materia, aunque tiene como novedad respecto a ésta la incorporación como colectivos considerados en riesgo de exclusión de las mujeres víctimas de violencia procedentes de casas de acogida o programas de protección; los emigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares; las personas que tienen a su cargo una familia monoparental; los mayores de 50 años inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses ininterrumpidamente, y las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.
Estos grupos se suman a los ya definidos en la ley, como perceptores de rentas mínimas de inserción o que no puedan acceder a éstas por falta del período exigido de residencia o empadronamiento o por haber agotado el período máximo; jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas en proceso de rehabilitación por problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios que pueden acceder a un empleo en régimen abierto; menores internos, y personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados y de centros de alojamiento alternativo.
Según explicó el consejero, el nuevo decreto andaluz, que cumple con el compromiso marcado en el VII Acuerdo de Concertación Social, establece que las empresas reguladas podrán contratar a personas procedentes de los colectivos mencionado que se hallen inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan asumido un compromiso de inserción. Otro requisito exigido es que destinen el 80 por ciento de sus resultados a la mejora de las estructuras productivas y a iniciativas de integración sociolaboral.
Agregó que para ser considerada empresa de inserción, el decreto fija que al menos un 30 por ciento, durante los tres primeros años (y un 50 por ciento a partir del cuarto año), de la plantilla pertenezca a este colectivo. Las sociedades que cumplan con todos estos requisitos podrán optar a participar en las políticas activas de empleo que se desarrollen contra la exclusión social.
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